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La recuperación de los centros historicos y su desarrollo integral
Para adoptar la metodología de la Oficina en otros países

La replicabilidad de la experiencia de la Oficina del Historiador siempre iría acompañada, como es natural, de las adaptaciones a contextos diferentes. Pero hay ciertos enfoques medulares y estratégicos que serían básicos y perfectamente transferibles.

Es importante aclarar que la aplicación de la iniciativa en sí es de muy bajo costo, pues sólo se requiere contar con capital humano especializado y voluntad política. A partir de esos dos factores, lo demás se trata de crear procesos sinérgicos y facilitar la confluencia de intereses que impulsen la creación de externalidades positivas que atraigan y dinamicen las inversiones.

Por otra parte, con la aplicación de la metodología adoptada por la Oficina, se fortalece la gobernabilidad de estas frágiles piezas de la ciudad que son los centros históricos, pues los resultados obtenidos tienden a garantizar cinco aspectos estratégicos del buen gobierno:

autonomía local
garantía de continuidad del proceso
precisión, actualización y claridad del corpus legal
control del espacio público
capacidad para planificar integralmente el desarrollo territorial

Analizando diversas dinámicas regionales de recuperación de centros históricos, hemos detectado que el proceso se dificulta por varios problemas:

Cantidad y diversidad de actores con competencias locales o nacionales en relación al patrimonio
Complicado régimen de propiedad del suelo
Legislación dispersa y desactualizada
Falta de voluntad política al más alto nivel y contradicción entre los niveles nacional y local, afiliados a partidos políticos contrapuestos
Procesos dependientes de las coyunturas electorales
Planes relacionados a períodos políticos relativamente cortos
Marginalidad y conflictos sociales agudos
Precariedad económica o economía sumergida de los habitantes
Crisis económica nacional




La Oficina ha intentado enfrentar en el Centro Histórico de La Habana, algunas de estas barreras con la aplicación del modelo de gestión que ha sido descrito anteriormente.

Para la adaptación de modelos similares en otros contextos, se requiere de una condición indispensable, la voluntad y decisión política al más alto nivel. Hay fundamentos de peso y de conveniencia para que el Estado se interese y apoye una gestión especial de los centros históricos, siendo el máximo responsable de la salvaguarda patrimonial. En el caso de tratarse de un centro histórico declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, el Estado tiene que garantizar su recuperación.

Por otra parte, la recuperación de los centros históricos constituye una compleja labor que exige una gran cantidad de recursos, dados los graves problemas que en ellos se concentran, condición que por regla general relega la actuación en ellos.

También, existe un sólido argumento mediante el cual los centros históricos pueden catalogarse como zonas especiales de intervención: ellos padecen de una situación de desastre de baja intensidad permanente y generalmente son áreas de una conflictividad social alta.

Estas reflexiones conducen a pensar que sería de interés de la Administración pública apoyar un proceso de rehabilitación sustentable que con mecanismos de autofinanciamiento y autogestión pueda, inclusive, revertir la situación: de ser una labor subvencionada a contribuir con el desarrollo de la ciudad o de la Nación.

La acción de recuperación bajo la tutela de una autoridad líder de carácter público ha resultado exitosa en La Habana Vieja y es otra de las fórmulas de posible aplicación en otros países. Esa institución tendrá que ser autónoma y reconocida al más alto nivel, donde, a su vez, tendrá que rendir cuenta periódicamente de su gestión. Al actuar localmente, también tendrá obligatoriedad de concertar con los principales actores locales sus políticas, estrategias y planes a ese nivel, e informar con regularidad a los mismos de los resultados de su administración. De esta forma se podrá garantizar una acción transparente y estable sobre el centro histórico, al margen de los diferentes intereses o de la insensibilidad que en determinadas circunstancias pueda existir.

Resulta imprescindible contar con un fuero legal especial, otro aspecto a considerar, en su esencia. Se requiere de normas jurídicas específicas que faciliten, sobre todo, lo relativo al suelo, legislando sobre la posibilidad de expropiación o compra preferencial, sobre créditos blandos pagaderos a largo plazo, etc., a favor de la institución responsabilizada con la recuperación, a manera de garantizarle un fondo patrimonial propio, como capital semilla, y a partir de cuya explotación eficiente pueda ser incrementado. De esta manera, una entidad pública sería propietaria y administraría, o cedería en administración, o arrendaría sus activos, con el fin de garantizar la sostenibilidad del proceso de rehabilitación, aplicando políticas fiscales y de suelo especialmente diseñadas para el caso.




Podrían incorporarse también mecanismos financieros propios, que sumaran a los ya mencionados, relacionados con la explotación del suelo, las posibilidades que brinda la captación de plusvalías urbanas, la transferencia de potenciales de desarrollo, o la implantación de un sistema impositivo especial, entre otros procedimientos.

Otro aspecto a considerar es el establecimiento de un equipo interdisciplinario, responsable de redactar un Plan de Desarrollo Integral, que será concertado con los diferentes actores que inciden en el centro histórico, es decir, las diversas instancias de la administración pública, las entidades mixtas y privadas y la población residente. El Plan, validado por los mismos actores, tendrá que constituir una “carta de navegación” al servicio de los administradores. La propia Oficina de planeamiento debe entenderse como un espacio para la concertación permanente y la instrumentación de estrategias que hagan viable el Plan. La importancia de incluir la planificación del territorio en el sistema de esta “autoridad autónoma” es esencial, pues resulta obvio lo estratégico de poder actuar en relación con el suelo urbano y con los usos del suelo: edificabilidad, creación de clusters, elevación de rentas urbanas, generación de externalidades positivas, etc.

CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN

Para la aplicación del modelo de gestión de la Oficina, se requiere conocer al conjunto de actores que inciden en el rescate del centro histórico, a manera de poder identificar el interlocutor más pertinente.

El paso siguiente consiste en establecer una “entidad líder”, con autoridad legal suficiente como para conducir el proceso, con la responsabilidad de conciliar y pactar con los sujetos del patrimonio que tienen competencia sobre el territorio, pero también con la posibilidad de tomar decisiones en casos donde, agotados los mecanismos que se establezcan, no se llegue a acuerdo.




Esta entidad debe estar compuesta por cuatro entidades especializadas, fundamentalmente:

Plan Maestro. Dicta las pautas del desarrollo integral, concilia los planes y programas, coordina y negocia con los diferentes actores, realiza estudios de factibilidad y busca posibles financiadores asociados.
Casa Matriz. Hace las veces de un banco que administra los recursos propios de la “entidad líder”, financieros, inmobiliarios, etc.
Dirección de Patrimonio Cultural. Coordina y desarrolla las investigaciones y los programas culturales y divulga a través de medios masivos y especializados de difusión lo que ocurre en el centro histórico.
Sistema empresarial. Explota, o se asocia para la explotación, de determinados sectores productivos relacionados a las industrias culturales y el turismo que le es afín, el sector terciario, la “economía del conocimiento y la información” y otras actividades productivas compatibles con el carácter del centro histórico.